En Colonia Dora, Santiago del Estero, una niña de 10 años llegó al hospital por un dolor de panza. Allí descubrieron que cursaba un embarazo de seis meses. La niña contó que había sido violada por su padrastro, Julio Vivas, de 33 años, quien fue detenido.

En nuestro país, según datos del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), 7 de cada 10 embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no eran intencionales. Entre las niñas menores de 15 años, la proporción ascendía a 8 de cada 10, y la mayoría era consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

Una niña embarazada como consecuencia de una violación tiene derecho a acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La objeción de conciencia no puede estar por encima de ese derecho ni convertirse en una barrera para acceder a la práctica. Ninguna niña debe ser obligada a maternar.

Mientras tanto, el gobierno de Milei desmantela y desfinancia políticas fundamentales como la Educación Sexual Integral y el Plan ENIA. ¿Cómo se previenen los abusos y se protege a las niñeces mientras se recortan las políticas públicas destinadas a garantizar sus derechos?

El Estado es responsable. 
Las niñas necesitan políticas públicas que las protejan, no un gobierno que las desfinancie.

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En Colonia Dora, Santiago del Estero, una niña de 10 años descubrió que estaba embarazada de seis meses tras acudir al hospital. Denunció haber sido violada por su padrastro, quien fue detenido.

Las niñas embarazadas producto de una violación tienen derecho a acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Ninguna niña debe ser obligada a maternar.

Mientras el gobierno de Milei desmantela y desfinancia políticas como la ESI y el Plan ENIA, nos preguntamos: ¿cómo se protege a las niñeces sin políticas públicas que garanticen sus derechos?

El Estado es responsable. Las niñas necesitan políticas que las protejan, no un gobierno que las desfinancie.

NIÑAS, NO MADRES: UNA NIÑA DE 10 AÑOS FUE VIOLADA POR SU PADRASTRO

Desde 2023, con la asunción de Javier Milei a la presidencia, se profundizaron los obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina.


Organizaciones y militantes feministas advierten un profundo deterioro en el acceso a este derecho. Según Amnistía Internacional Argentina, en 2025 se triplicaron las denuncias por dificultades en el acceso al aborto legal en comparación con 2024. Entre los principales problemas se observa la falta de información, las dilaciones y la negativa a realizar la práctica.


Además, se suma un hecho muy grave: el Ministerio de Salud de la Nación no distribuye los medicamentos necesarios para realizar las interrupciones del embarazo (mifepristona y misoprostol) desde diciembre de 2023. Frente a esta situación, la Asociación Civil “La Ciega” impulsó una acción judicial colectiva contra el Estado Nacional, denunciando que la negativa a la compra y distribución de estos insumos impide el cumplimiento de la interrupción IVE/ILE. En ese sentido, en febrero de 2026, el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, ordenó al Ministerio de Salud hacer pública la causa colectiva y responder por el desabastecimiento. Además, habilitó la participación de todas las personas afectadas, permitiendo que quienes dependen del sistema público para acceder a estas prácticas puedan sumar su reclamo.


En este contexto, casos recientes muestran cómo estas barreras también afectan a niñas y adolescentes. A fines del mes pasado se conoció el caso de una niña de 12 años de Santiago del Estero, embarazada producto de un abuso sexual intrafamiliar, que no pudo acceder a la interrupción legal del embarazo en su provincia pese a haber realizado la denuncia. Finalmente, debió trasladarse a la provincia de Buenos Aires para acceder a la ILE. El procedimiento fue realizado por el obstetra Damián Levy, presidente de la Fundación Cigesar, quien recibió la consulta de la madre durante una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero.
Estos hechos muestran cómo las restricciones institucionales, la falta de insumos y las ideologías fascistas generan obstáculos en el acceso a derechos. Durante décadas, los movimientos feministas luchamos para que el Estado reconociera una realidad innegable: los abortos existen. En 2020, con la sanción de la Ley 27.610 de IVE, logramos un avance histórico. Pero la conquista de un derecho no garantiza por sí sola su cumplimiento efectivo y las mujeres lo sabemos.


Hoy volvemos a preguntarnos: ¿qué vidas se priorizan cuando se obstaculiza el acceso al aborto legal? ¿Dónde están las políticas para proteger a las infancias y prevenir abusos o garantizar educación sexual integral? ¿Los grupos autodenominados “pro vida” ayudan a las infancias en situación de vulnerabilidad? ¿O solamente pretenden ejercer violencia y control sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones?


Cuando se impide el acceso al aborto se profundizan las desigualdades y se expone a mayores riesgos a quienes ya están en situaciones de vulnerabilidad. En casos como el de la niña de Santiago del Estero, la negativa a garantizar el derecho es una forma más de violencia. 


¡La maternidad será deseada o no será! ¡Que el deseo de no maternar no nos vuelva a costar la vida! ¡Niñas no madres! ¡Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia!


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Desde 2023, con la asunción de Javier Milei a la presidencia, se profundizaron los obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina.


Organizaciones y militantes feministas advierten un profundo deterioro en el acceso a este derecho. Según Amnistía Internacional Argentina, en 2025 se triplicaron las denuncias por dificultades en el acceso al aborto legal en comparación con 2024. Entre los principales problemas se observa la falta de información, las dilaciones y la negativa a realizar la práctica.

SAQUEN SU DOCTRINA DE NUESTRA VAGINA

El Estado tucumano dilató durante más de un mes la interrupción legal del embarazo (ILE) solicitada por la niña de 11 años abusada por el novio de su abuela, sometiéndola así a tratos crueles e inhumanos y obligándola a continuar con un embarazo forzado, producto de una violación, para luego practicarle una cesárea. De esta manera incumplió con leyes y pactos internacionales de DDHH vigentes en nuestro país y deberá responder por ello.

Tal como lo define el Art. 86 del Código Penal Argentino, desde 1921, la interrupción de un embarazo es legal cuando se haya hecho con el fin de evitar un peligro para la salud y la vida de las personas gestantes o cuando el embarazo provenga de una violación. El caso de Lucía contenía todas estas excepciones a la punibilidad del aborto, ella es una niña de 11 años que no llega a pesar 50 kilos y fue violada por un hombre de 65.

Es una niña que intentó suicidarse en varias oportunidades a raíz de la terrible situación que estaba atravesando, una niña que pidió claramente a la psicóloga del Hospital en el que estaba internada que le saquen lo que el viejo le "puso adentro", según revelaron fuentes judiciales. Una niña que estaba jugando a las muñecas cuando llegaron los/as médicos/as que finalmente le harían la cesárea, y al decir de la médica Cecilia Ousset hubo que sedarla para poder sacarle la bombacha debido al trauma con el que convive luego de la violación. 

Sin embargo luego de sufrir una de las peores formas de violencia, Lucía fue víctima de la violencia institucional ejercida por las distintas instituciones del Estado provincial. Empezando por el gobernador Juan Manzur, quien se manifestó en varias oportunidades a favor de "las dos vidas", el Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (SiProSa), Gustavo Vigliocco, pasando por la Ministra de Salud Rossana Chahla, la Directora Elizabeth Avila y personal médico interviniente del Hospital Público Eva Perón (que se declaró en su totalidad objetor de conciencia).

Todas las autoridades que debieran haber garantizado el acceso a una interrupción legal del embarazo a la niña resultaron ser obstructoras de este derecho, anteponiendo sus creencias personales por sobre los derechos consagrados en nuestras leyes. La médica que asistió la cesárea declaró en la prensa local que le salvaron la vida a una niña que fue torturada por el sistema de salud tucumano durante un mes. 

Sabemos que hay muchas otras Lucías en nuestro país. Recientemente en Jujuy, una niña de 12 años también fue sometida a una cesárea luego de haber quedado embarazada como consecuencia de una violación, en ambos casos los Estados provinciales intervinieron para dilatar los plazos y forzar a las niñas a continuar con embarazos no deseados, poniendo en severo riesgo su salud y sus vidas. 

De no ser por las organizaciones de mujeres, las abogadas comprometidas y la denuncia mediática iniciada por periodistas feministas, estos casos no saldrían a la luz como muchos otros de los que seguramente no nos enteramos pero sabemos que existen, y están acá nomas, a la vuelta de la esquina. 

![Raquel foto de ninia con guardapolvo blanco](https://storage.googleapis.com/observatorio-api-content/5c797162cc38f_Raquel_Vivanco_ninia_353e5c4c9f/5c797162cc38f_Raquel_Vivanco_ninia_5c797162cc38f_Raquel_Vivanco_ninia_353e5c4c9f.jpeg)

En estos días las redes sociales se inundaron de fotos de niñas de 11 años. Es una campaña iniciada por actrices y periodistas argentinas para visibilizar nuestros rostros y cuerpos a esa edad, los de nuestras hijas, hermanas, amigas, sobrinas, y los de todas las niñas que a los 11 deberían estar jugando, disfrutando de su niñez y no teniendo que ser forzadas a ser madres.

Por todas las niñas torturadas obligadas a parir o a morir en un quirófano, también salimos a la calle este 8 de marzo, a exigir que se aplique el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, y que las/los pibes reciban Educación Sexual Integral en las escuelas. Hoy, más que nunca Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir. 


Publicado originalmente en [TN](https://tn.com.ar/opinion/ninas-no-madres_944383)

mujeres con banderas verdes protestando frente a la casa de la prov de tucuman

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En Tucumán, ignoraron la ley y demoraron el aborto a una nena de 11 años abusada. Sabemos que hay otras Lucías en nuestro país. Son muchas las niñas torturadas obligadas a parir o a morir en un quirófano.

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