SAQUEN SU DOCTRINA DE NUESTRA VAGINA

Desde 2023, con la asunción de Javier Milei a la presidencia, se profundizaron los obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina.

Organizaciones y militantes feministas advierten un profundo deterioro en el acceso a este derecho. Según Amnistía Internacional Argentina, en 2025 se triplicaron las denuncias por dificultades en el acceso al aborto legal en comparación con 2024. Entre los principales problemas se observa la falta de información, las dilaciones y la negativa a realizar la práctica.

Además, se suma un hecho muy grave: el Ministerio de Salud de la Nación no distribuye los medicamentos necesarios para realizar las interrupciones del embarazo (mifepristona y misoprostol) desde diciembre de 2023. Frente a esta situación, la Asociación Civil “La Ciega” impulsó una acción judicial colectiva contra el Estado Nacional, denunciando que la negativa a la compra y distribución de estos insumos impide el cumplimiento de la interrupción IVE/ILE. En ese sentido, en febrero de 2026, el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, ordenó al Ministerio de Salud hacer pública la causa colectiva y responder por el desabastecimiento. Además, habilitó la participación de todas las personas afectadas, permitiendo que quienes dependen del sistema público para acceder a estas prácticas puedan sumar su reclamo.

En este contexto, casos recientes muestran cómo estas barreras también afectan a niñas y adolescentes. A fines del mes pasado se conoció el caso de una niña de 12 años de Santiago del Estero, embarazada producto de un abuso sexual intrafamiliar, que no pudo acceder a la interrupción legal del embarazo en su provincia pese a haber realizado la denuncia. Finalmente, debió trasladarse a la provincia de Buenos Aires para acceder a la ILE. El procedimiento fue realizado por el obstetra Damián Levy, presidente de la Fundación Cigesar, quien recibió la consulta de la madre durante una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero. Estos hechos muestran cómo las restricciones institucionales, la falta de insumos y las ideologías fascistas generan obstáculos en el acceso a derechos. Durante décadas, los movimientos feministas luchamos para que el Estado reconociera una realidad innegable: los abortos existen. En 2020, con la sanción de la Ley 27.610 de IVE, logramos un avance histórico. Pero la conquista de un derecho no garantiza por sí sola su cumplimiento efectivo y las mujeres lo sabemos.

Hoy volvemos a preguntarnos: ¿qué vidas se priorizan cuando se obstaculiza el acceso al aborto legal? ¿Dónde están las políticas para proteger a las infancias y prevenir abusos o garantizar educación sexual integral? ¿Los grupos autodenominados “pro vida” ayudan a las infancias en situación de vulnerabilidad? ¿O solamente pretenden ejercer violencia y control sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones?

Cuando se impide el acceso al aborto se profundizan las desigualdades y se expone a mayores riesgos a quienes ya están en situaciones de vulnerabilidad. En casos como el de la niña de Santiago del Estero, la negativa a garantizar el derecho es una forma más de violencia.

¡La maternidad será deseada o no será! ¡Que el deseo de no maternar no nos vuelva a costar la vida! ¡Niñas no madres! ¡Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia!