Niñas, no madres

El Estado tucumano dilató durante más de un mes la interrupción legal del embarazo (ILE) solicitada por la niña de 11 años abusada por el novio de su abuela, sometiéndola así a tratos crueles e inhumanos y obligándola a continuar con un embarazo forzado, producto de una violación, para luego practicarle una cesárea. De esta manera incumplió con leyes y pactos internacionales de DDHH vigentes en nuestro país y deberá responder por ello.

Tal como lo define el Art. 86 del Código Penal Argentino, desde 1921, la interrupción de un embarazo es legal cuando se haya hecho con el fin de evitar un peligro para la salud y la vida de las personas gestantes o cuando el embarazo provenga de una violación. El caso de Lucía contenía todas estas excepciones a la punibilidad del aborto, ella es una niña de 11 años que no llega a pesar 50 kilos y fue violada por un hombre de 65.

Es una niña que intentó suicidarse en varias oportunidades a raíz de la terrible situación que estaba atravesando, una niña que pidió claramente a la psicóloga del Hospital en el que estaba internada que le saquen lo que el viejo le "puso adentro", según revelaron fuentes judiciales. Una niña que estaba jugando a las muñecas cuando llegaron los/as médicos/as que finalmente le harían la cesárea, y al decir de la médica Cecilia Ousset hubo que sedarla para poder sacarle la bombacha debido al trauma con el que convive luego de la violación.

Sin embargo luego de sufrir una de las peores formas de violencia, Lucía fue víctima de la violencia institucional ejercida por las distintas instituciones del Estado provincial. Empezando por el gobernador Juan Manzur, quien se manifestó en varias oportunidades a favor de "las dos vidas", el Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (SiProSa), Gustavo Vigliocco, pasando por la Ministra de Salud Rossana Chahla, la Directora Elizabeth Avila y personal médico interviniente del Hospital Público Eva Perón (que se declaró en su totalidad objetor de conciencia).

Todas las autoridades que debieran haber garantizado el acceso a una interrupción legal del embarazo a la niña resultaron ser obstructoras de este derecho, anteponiendo sus creencias personales por sobre los derechos consagrados en nuestras leyes. La médica que asistió la cesárea declaró en la prensa local que le salvaron la vida a una niña que fue torturada por el sistema de salud tucumano durante un mes.

Sabemos que hay muchas otras Lucías en nuestro país. Recientemente en Jujuy, una niña de 12 años también fue sometida a una cesárea luego de haber quedado embarazada como consecuencia de una violación, en ambos casos los Estados provinciales intervinieron para dilatar los plazos y forzar a las niñas a continuar con embarazos no deseados, poniendo en severo riesgo su salud y sus vidas.

De no ser por las organizaciones de mujeres, las abogadas comprometidas y la denuncia mediática iniciada por periodistas feministas, estos casos no saldrían a la luz como muchos otros de los que seguramente no nos enteramos pero sabemos que existen, y están acá nomas, a la vuelta de la esquina.

En estos días las redes sociales se inundaron de fotos de niñas de 11 años. Es una campaña iniciada por actrices y periodistas argentinas para visibilizar nuestros rostros y cuerpos a esa edad, los de nuestras hijas, hermanas, amigas, sobrinas, y los de todas las niñas que a los 11 deberían estar jugando, disfrutando de su niñez y no teniendo que ser forzadas a ser madres.

Por todas las niñas torturadas obligadas a parir o a morir en un quirófano, también salimos a la calle este 8 de marzo, a exigir que se aplique el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, y que las/los pibes reciban Educación Sexual Integral en las escuelas. Hoy, más que nunca Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir.

Publicado originalmente en TN