Cuando el lugar de trabajo puede convertirse en una trampa mortal

El pasado 25 de julio, en horas de la mañana, Nancy Gotta, madre de dos hijas, ingresaba a su trabajo en el complejo comercial, gastronómico y de oficinas Leloir Plaza cuando fue abordada en un pasillo por su ex pareja, José Castillo Corvalán, quien la llevó a uno de los baños y la asesinó, a la vista de varias personas. Nancy lo había denunciado nueve veces por violencia de género, motivo por el cual desde el 30 de mayo pasado estaba vigente una medida de restricción de acercamiento. Sin embargo, la perimetral no era cumplida por el femicida, ya que trabajaban en distintos espacios del complejo, en donde mucha gente sabía y había sido testigo de su maltrato. Incluso, Nancy era acompañada a la parada del colectivo por los hostigamientos que recibía de Castillo.

Su femicidio engrosó la cifra de 175  ocurridos en nuestro país en lo que va del año, según los últimos datos de nuestro Observatorio, de los cuales surge que 38 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 25 tenían medidas de protección.

A raíz de este hecho, nos seguimos preguntando ¿Quiénes son responsables de los femicidios? Seguramente,  no sea sólo un actor aisladamente. 

El Estado lo es, también la Justicia, la sociedad que mira para otro lado o "no se quiere meter", actores que suelen juzgar y revictimizar más a las víctimas que a los  victimarios, inmersos en un sistema funcional a que estos femicidios sigan ocurriendo.

Resultan numerosos los hechos en que se dilatan las medidas de protección, las políticas públicas, las acciones de prevención, las evaluaciones de riesgo, las tareas de acompañamiento y de contención son insuficientes o erróneas.

En esta oportunidad nos centraremos en las empresas, otro actor que, en estos tipos de casos como en el de Nancy, tienen un importante rol. Al respecto, es relevante destacar y analizar el abordaje por parte de las mismas en relación con las medidas de protección que se toman (o no) para resguardar la integridad física y emocional de las mujeres y personas LGBTI+ trabajadoras que se encuentran en situación de violencia de género.

El trabajo permite la autonomía económica necesaria de las víctimas para pensar proyectos de vida lejanos a la agresión y romper los circuitos de violencia, con lo cual es fundamental comprender estas situaciones de manera integral.  Una cabal interpretación sobre las situaciones que puede estar viviendo una trabajadora atravesada por la violencia implica contemplar ausencias repentinas, angustias, distracciones, miedos. A su vez, el lugar de trabajo puede constituir un espacio de resguardo, lejos del perpetrador y de su control.

El Convenio 190 ha previsto pautas, sugerencias y estrategias para el abordaje integral de la violencia y el acoso en los entornos laborales.  En dicho sentido, alienta a la promoción, por parte de los lugares de trabajo, de intervenciones, herramientas y medidas preventivas de difusión, capacitación, protección,  asistencia y reparación para las víctimas.  Para esto, es importante que todos los espacios laborales tengan protocolos de actuación frente a estas situaciones, pertinentes a la propias organizaciones y que contengan un riguroso análisis acerca de los indicadores de riesgo.

Particularmente, la empresa en la que desempeñaba funciones Nancy despidió al femicida para luego volverlo a contratar. También, modificó los horarios de ella para que no se cruce con el femicida, o sea a ella y no a él que era el violento.  Todos los días, el femicida estaba a 20 o 30 metros de distancia de Nancy, es decir que se encontraba expuesta a un peligro en el lugar que era el sustento económico de su familia. Las estrategias y los mecanismos de abordaje carecieron de un análisis integral de la situación que no tuvo en cuenta los antecedentes de violencia (incluso perpetuados en el mismo entorno laboral), no visualizó el peligro en el que se encontraba la mujer, con acciones insuficientes, con sabor a poco y negligencia.

Cuando se dice que la violencia de género es un problema social se hace referencia a que trasciende la esfera individual y produce un impacto negativo en la sociedad.  Asimismo,  debemos entender que se presentan en distintos ámbitos y el trabajo es uno de ellos en donde se pueden desarrollar estrategias de prevención y protección de sus trabajadoras.  Claramente, el despido de una trabajadora no es la mejor respuesta porque ocasiona la exposición a una realidad donde la posibilidad de salir de la violencia se ve severamente restringida. Hay otras maneras de asistir y abordar situaciones, las que dependerán de cada caso y organización, pero es importante que las personas que ocupan puestos de máxima decisión tomen un compromiso institucional de generar arbitrajes que velen por la integridad de las trabajadoras que atraviesan violencia de género, gestionando una política de actuación con perspectiva de género.

Nancy merecía ser protegida y no ignorada y ésto también era responsabilidad de la empresa que dejó vía libre para que el femicida hiciera lo que quisiera.

Necesitamos que todos los actores se involucren, se comprometan y acompañen a las mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan violencias.

Por Nancy, por las que hicieron TODO y no fueron protegidas, por todas nuestras asesinadas por femicidas.