100 años de la Ley 11.357 de Derechos Civiles de la Mujer

Hoy se cumplen 100 años de la sanción de la Ley 11.357, una de las reformas que modificó de manera sustancial la capacidad civil de las mujeres en Argentina y cuestionó jurídicamente la subordinación que regía, especialmente, dentro del matrimonio.

La ley fue sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de septiembre de 1926, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, y promulgada ocho días después. El proyecto original había sido presentado en 1924 por los senadores socialistas Juan B. Justo y Mario Bravo, en el marco de décadas de lucha feminista y parlamentaria por ampliar los derechos civiles de las mujeres. Tras un proceso de debate y modificaciones, el Congreso aprobó una norma que amplió la autonomía de las mujeres para trabajar, administrar sus bienes, ejercer determinadas funciones civiles y participar en asociaciones, entre otros derechos.

Fue una conquista fundamental, aunque limitada: la ley no eliminó completamente la subordinación jurídica de las mujeres casadas. La igualdad civil plena sería resultado de un proceso posterior de reformas.

La Ley 11.357 fue parte de un proceso de ampliación de derechos que continuó durante las décadas siguientes. En 2015, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, fue abrogada por la Ley 26.994. Esto no significó eliminar los derechos que había reconocido, sino incorporarlos a un nuevo marco jurídico.

Un siglo después, el contexto político es otro, pero la autonomía de las mujeres continúa siendo una cuestión política. En la Argentina gobernada por Javier Milei, las políticas públicas destinadas a enfrentar desigualdades que todavía afectan particularmente a las mujeres son cuestionadas, desfinanciadas y desarticuladas.

El reconocimiento de derechos fue y es un avance fundamental. Pero garantizar que puedan ejercerse efectivamente, frente a las desigualdades en el trabajo, los ingresos, la autonomía económica, los cuidados y las violencias, sigue siendo una responsabilidad del Estado.