229 femicidios en 2021🚨

Algunos datos destacados:

• 1 femicidio cada 34 horas en 2021

• 1 femicidio cada 30 horas en noviembre

• 168 intentos de femicidio en 2021

• 7 Transfemicidios/travesticidios

• El 65,5% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas

• El 60,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima

• Femicidas: 19 policías, 4 militares y 1 gendarme

• 36 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 22 tenían medidas de protección

• Al menos 168 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021

En la semana del 25 de noviembre - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres volvemos a gritar “Ni Una Menos - Paren de matarnos”.

De acuerdo al análisis de medios gráficos y digitales de todo el país del 1 de enero al 20 de noviembre de 2021 hemos registrado 229 femicidios, y 16 femicidios durante el mes de noviembre. Desde el Observatorio también registramos los intentos de femicidios, aquellos hechos que no llegan a la muerte, pero que deben ser visibilizados para entender el alcance real de la violencia machista y la forma progresiva en que se da. Durante 2021 se registraron 168 intentos de femicidios, más del 90% de los cuales fueron perpetrados por parejas o ex parejas.

Siguiendo con la información recabada sobre femicidios, en el 87,7% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo de las víctimas, siendo la mayoría de los casos (65,5%) perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas. Más de la mitad de los hechos, 60,6%, ocurrieron en la vivienda de la víctima, hogar que en varios casos comparte con su agresor. Resaltamos estos datos para romper con el imaginario que sostiene que para las mujeres el peligro se encuentra en la calle, solas y frente a un desconocido. Entender este contexto de violencia es fundamental para pensar políticas públicas dirigidas a prevenir las violencias y asistir a las víctimas. En este sentido, necesitamos más medidas que posibiliten y fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, que incluya el acceso a trabajo formal y a la vivienda, y sin la cual se dificulta la salida de las situaciones de violencia.

Otro aspecto a destacar es el relacionado con la Justicia y las fuerzas de seguridad/armadas. En 2021 observamos que el 16% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y sólo el 10% tenía medidas de protección. De esto se desprenden dos cuestiones que preocupan: la falta de respuesta adecuada para aquellas que denuncian y las pocas denuncias que se realizan. A pesar de haber pedido ayuda estas víctimas fueron asesinadas, desprotegidas por una Justicia patriarcal que continúa reacia a capacitarse en perspectiva de género porque se cree omnisciente, desconociendo cómo abordar a las víctimas de violencia, revictimizándolas a ellas y sus familias, tomando decisiones sin una mirada integral e interseccional sobre el tema. Nosotras, desde el movimiento de mujeres, seguimos exigiendo la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial y continuaremos visibilizando cada decisión tomada por jueces y fiscales que ponga en peligro la vida de las mujeres y que naturalice la violencia machista. Como es el caso del Jury de Enjuiciamiento que comienza hoy a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata, quienes absolvieron en 2018 a los femicidas de Lucía Pérez. En palabras de la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires, que acusa a los jueces, Gómez Urso y Viñas “negaron una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que Lucía fuera cosificada para satisfacer sus deseos”. Exponentes máximos del patriarcado judicial, estos jueces revictimizaron y culparon a Lucía, indagando sobre su vida y la de su familia, y naturalizaron el abuso y el femicidio. Además, este tipo de sentencias machistas les da un mensaje de desprotección a las víctimas y un mensaje de seguridad y complicidad a los agresores.

Al mismo tiempo, aquellas víctimas que han podido denunciar y obtener una medida de protección tampoco fueron protegidas de forma integral. Las fuerzas de seguridad, quienes deben controlar que estas restricciones se cumplan no sólo no lo hacen, sino que tampoco garantizan derechos y los avasallan, como es el caso del cabo Rubén Martínez quien debía custodiar la casa de una mujer que había denunciado violencia de género y lejos de protegerla la abusó o el de los policías de San Luis que asesinaron a Florencia Magalí Morales en una comisaría. Estos hechos no sorprenden cuando vemos que 19 femicidas pertenecían a la Policía, 4 a Fuerzas Armadas y 1 a Gendarmería, quienes tienen a su disposición su arma reglamentaria y contactos en estas instituciones que profundizan la vulnerabilidad y el riesgo de las mujeres y posibilitan su impunidad. En este escenario en el que sobran los casos de violencia institucional y policial, necesitamos que los agentes se formen en perspectiva de género y derechos humanos. No podemos naturalizar las prácticas machistas, homoodiantes, racistas y xenófobas en las fuerzas de seguridad y armadas, así como tampoco se puede aceptar la complicidad machista en estas instituciones.

Decimos: Basta de violentarnos y matarnos. Basta de precarizar nuestras vidas. Necesitamos que el Estado y sus instituciones se comprometan a garantizar nuestra autonomía económica por una vida libre de violencias y que la sociedad en su conjunto entienda que la violencia machista nos afecta y atraviesa a todas, todos y todes.

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