El Observatorio oficializó este martes 51 femicidios en lo que va del año. Del total, dos ocurrieron en Mendoza. También alertaron del alto porcentaje de femicidios que suceden en la casa de las víctimas, motivo por el que solicitaron mayores políticas públicas para mujeres en situación de violencia. Agregaron que la Justicia tiene que aceitar sus mecanismos de acción, ya que por lo menos 9 víctimas habían realizado una denuncia previa.
Con respecto al registro de femicidios de 2021 elaborado por el mismo Observatorio, los números continúan siendo una preocupación. Mientras que en enero del año pasado se registraron 39 femicidios, en el mismo mes de 2022 se detallaron 31. No obstante, en comparación con febrero de 2021, se observan 17 y 20 en 2022.
En este contexto, como expresó Luciano Fabbri –militante, doctor en Ciencias Sociales e integrante del Instituto Masculinidades y Cambio Social– en un hilo de Twitter: “Las violencias de género responden a un sistema social donde los varones son socializados para creer que pueden disponer de las mujeres, de sus cuerpos, hasta de sus vidas”. Es decir que, independientemente de los números, los femicidios son una expresión de la violencia machista estructural propia de una cultura patriarcal.
El 41,2 % de los femicidios del 2022 tuvo como protagonistas a las parejas; el 17,6 %, a las exparejas; el otro 17,6 %, a algún familiar; en el 13,7 % no se registraron datos y, por último, en el 9,8 % de los casos, fueron conocidos. Es decir, por lo menos el 86 % de los femicidas tenía algún tipo de vínculo cercano con la víctima y en el 59 % de los casos el femicida era pareja o expareja.
A su vez, desde “Ahora que sí nos ven”, detallaron que 9 de las mujeres habían realizado la denuncia contra el agresor y 4 se encontraban con medidas judiciales. Además de estos femicidios consumados, hubo 33 intentos más.
El Observatorio, desde su cuenta de Twitter, denunció: “No estamos seguras en nuestro propio hogar”, refiriéndose al 43,1 % de femicidios sucedidos en la vivienda de la víctima y otro 11,8 % en casa compartida con el agresor. En ese sentido, alertaron: “Es un factor clave a tener en cuenta para la prevención de la violencia de género”. Además, explicaron que son necesarias las medidas de políticas públicas que contribuyan a detectar situaciones de riesgo para prevenir los femicidios.
En ese sentido, en el informe de femicidios de 2021, el colectivo expresó: “Necesitamos más medidas que posibiliten y fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, que incluyan el acceso a trabajo formal y a la vivienda”.
Por último, en el mismo informe, manifestaron preocupación en asuntos relacionados con la Justicia. Exigieron la implementación de la Ley Micaela para que las personas que integran los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– tengan capacitación obligatoria en género. Para ilustrar, se refirieron a la ausencia de respuestas: “A pesar de haber pedido ayuda, estas víctimas fueron asesinadas, desprotegidas por una justicia patriarcal que continúa reacia a capacitarse en perspectiva de género porque se cree omnisciente”.