Delitos sexuales durante la última dictadura cívico-militar

La violencia sexual también formó parte de las estrategias de aniquilamiento contra las mujeres detenidas ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar, quienes representaron el 33% de las personas detenidas desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado. Estos delitos no fueron hechos aislados, fueron parte de un plan sistemático de tortura y de castigo político dirigido especialmente hacia las mujeres militantes, con el objetivo de disciplinarlas.

Para el régimen dictatorial –sostenido sobre un orden capitalista y patriarcal– las mujeres militantes eran: “elementos transgresores altamente peligrosos”, no solo por su compromiso político, sino también por desafiar los roles y estereotipos de género tradicionales de la “mujer correcta”. “Putas y guerrilleras” las llamaban los represores.

En ese sentido, la violencia sexual fue utilizada como una forma específica de sometimiento, degradación y deshumanización. Los cuerpos de las mujeres fueron apropiados como botín de guerra: territorios de disputa masculina sobre los cuales ejercer poder, castigo y disciplinamiento frente a proyectos colectivos que el régimen buscaba aniquilar.

Durante años, estos crímenes permanecieron invisibilizados, tanto en los testimonios de sobrevivientes como en los procesos judiciales. Muchas de las sobrevivientes llevan las secuelas de estas torturas por el resto de sus vidas.

Sobre las sentencias

El reconocimiento de la violencia sexual como delito de lesa humanidad, en el marco del plan sistemático de desaparición y exterminio, fue tardío. Hasta 1999 estos delitos se consideraban contra el honor y no como delitos contra la integridad sexual. Sólo 61 de las 361 sentencias dictadas en el país incorporan estos delitos.

Recién en 2011 se dictó la primera condena por delitos de lesa humanidad que incluyó violencia sexual, y en 2012 el Ministerio Público Fiscal impulsó su persecución penal específica. Hasta hoy, 174 personas han sido condenadas por estos crímenes, sobre un total de 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad.

A 50 años del golpe, nombrar estas violencias es una forma de memoria, pero también de justicia. Porque lo que durante décadas fue silenciado hoy se reconoce como parte central del terrorismo de Estado.

La memoria también es feminista. Recuperar estas historias es disputar el sentido de lo que pasó y reafirmar que no hay Nunca Más sin perspectiva de género.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. NUNCA MÁS.