TRAVESTICIDIO SOCIAL: CUANDO LA DESIGUALDAD TAMBIÉN MATA
LGBTI
La muerte de Luciana Centeno, mujer trans de 40 años y activista de la Asociación de Travestis y Transexuales Argentinas, quien se suicidó este fin de semana en Jesús María, Córdoba, vuelve a poner en primer plano una realidad que no puede entenderse como un hecho aislado.
Las personas travestis y trans enfrentan desde edades tempranas exclusión familiar, educativa y laboral, precarización económica, dificultades habitacionales y barreras en el acceso a la salud. Son desigualdades que se acumulan a lo largo de la vida y condicionan las posibilidades de construir un proyecto de vida digno.
En este contexto, las redes comunitarias travestis y trans cumplen un papel fundamental. Acompañan, sostienen y muchas veces llegan allí donde las políticas públicas no llegan. Su tarea es indispensable, pero no puede sustituir las responsabilidades estatales.
El gobierno de Javier Milei profundiza esta desprotección mediante el desmantelamiento de políticas de género y diversidad, la reducción de programas y el recorte de recursos. No son decisiones neutras: tienen consecuencias concretas sobre las condiciones de existencia de las personas travestis y trans.
El concepto de travesticidio social permite nombrar esta trama de exclusiones, violencias y abandono institucional que, acumulada a lo largo del tiempo, limita las posibilidades de vivir, cuidar la salud, acceder a una vivienda, trabajar, envejecer y construir un futuro.
El término fue desarrollado por Alma Fernández, Say Sacayán y Florencia Guimaraes. Como explica Alma Fernández: “Nosotras morimos todos los días, aunque estemos vivas”.
La muerte de Luciana, una activista que dedicó parte de su vida a defender los derechos de su comunidad, nos obliga a preguntarnos por las condiciones sociales que atraviesan las personas travestis y trans y por las respuestas que deben existir antes de que las situaciones se vuelvan críticas.
Luciana tenía 40 años. Esa edad coincide con la expectativa de vida históricamente señalada para las personas travestis y trans en Argentina.
Vivir, envejecer y construir un proyecto de vida digno también es un derecho.
Garantizarlo es responsabilidad del Estado.