
La lactancia suele presentarse como una experiencia íntima y personal, ligada a la decisión de quien amamanta. Sin embargo, poder ejercerla no depende únicamente de esa voluntad: está atravesada por el acceso a la salud, las redes de cuidado, las condiciones de vida y las políticas públicas que hacen posible este derecho.
Amamantar ocurre en medio de la vida cotidiana: entre jornadas laborales, tareas de cuidado, dificultades económicas y empleos precarizados que continúan afectando, de manera mayoritaria, a mujeres y personas gestantes. En la Argentina actual, el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de las políticas públicas profundizan estas desigualdades y dificultan aún más el acceso a una lactancia acompañada y respetada.
En Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 contempla pausas y lugares para amamantar durante la jornada laboral. Sin embargo, estas garantías no alcanzan a todas las personas. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC (2024), el 37% de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad, lo que significa que más de una de cada tres no cuenta con acceso a licencias, pausas ni espacios adecuados para amamantar.
Promover la lactancia también implica comprender que las posibilidades no son iguales para todas las personas. Las experiencias están atravesadas por el acceso a la salud, el trabajo, los ingresos, las redes de cuidado y las políticas públicas. Por eso, no puede convertirse en un mandato sobre los cuerpos ni en una forma de juzgar a quienes no pueden o no desean amamantar.
Hablar del derecho a la lactancia es hablar de justicia social. Garantizarlo requiere un Estado presente, un sistema de salud fortalecido, licencias adecuadas, condiciones laborales dignas y políticas públicas que asuman el cuidado como una responsabilidad colectiva. Porque cuidar sostiene la vida, y la lactancia sólo puede ejercerse plenamente cuando existen las condiciones sociales, económicas y políticas para hacerlo.