
Parir con respeto es un derecho. Sin embargo, miles de mujeres y personas gestantes en nuestro país siguen atravesando situaciones de violencia ginecobstétrica dentro del sistema de salud. En Argentina, la Ley 25.929 de Parto Respetado garantiza el derecho a recibir información clara, a decidir sobre el propio cuerpo y a ser escuchadas y acompañadas durante el embarazo, el parto y el posparto.
Además, la Ley 26.485 reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. Pero la distancia entre las leyes y las experiencias concretas sigue siendo alarmante, muchas de estas violencias continúan invisibilizadas e incluso justificadas en la atención médica.
La falta de estadísticas oficiales sobre violencia obstétrica constituye parte de su invisibilización institucional y dificulta su prevención y abordaje.
Según el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), en 2024 el 60% de las personas gestantes del país denunció haber vivido una mala experiencia en la atención ginecológica y/u obstétrica.
El relevamiento realizado además arrojó que:
La violencia obstétrica es ejercida por el sistema de salud, que disciplina y vulnera los cuerpos gestantes cuando se niega información, se minimiza el dolor, se impide el libre movimiento durante el trabajo de parto o se realizan prácticas sin consentimiento. Hablar de parto respetado también es romper el silencio sobre experiencias que durante años fueron minimizadas, desacreditadas o vividas en soledad.
El respeto, la autonomía y el acceso a una atención digna no pueden depender del lugar donde se nace, del dinero que se tenga o de la voluntad de quien atiende. Sin embargo, el gobierno de Milei recortó como nunca antes el presupuesto destinado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades.
Parir sin violencia es un derecho. Garantizarlo es una responsabilidad del Estado y de todo el sistema de salud. ¡Basta de disciplinar nuestros cuerpos!