LOS FEMICIDIOS Y CRÍMENES DE ODIO NO SON UN HOMICIDIO MÁS

El 14 de noviembre de 2012 se sancionó la Ley 26.791, una conquista histórica del movimiento feminista que reformó el artículo 80 del Código Penal e incorporó la agravante por femicidio (inciso 11), el femicidio vinculado (inciso 12) y modificó las agravantes por el vínculo (inciso 1)y por odio de género (inciso 4).

Esta ley permitió ponerle nombre a una de las expresiones más extremas de la violencia machista y reconocer que estos crímenes no son homicidios comunes: están atravesados por relaciones históricas de desigualdad y poder entre los géneros.

Fue el resultado de décadas de lucha. La sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 2009, y el femicidio de Wanda Taddei, junto con la condena atenuada a su agresor, Eduardo Vázquez, bajo el argumento de la «emoción violenta», fueron antecedentes fundamentales de una demanda feminista que logró transformar la legislación y disputar el sentido común.

Por primera vez la violencia motivada por el género dejó de ser considerada una cuestión individual para ser reconocida como un problema social y una violación de los derechos humanos de mujeres y LGBTIQ+ que exige políticas públicas de prevención, asistencia, protección y reparación.

Recién en 2015, después de la masiva movilización de Ni Una Menos, se creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de la CSJN por primera vez tendríamos estadísticas oficiales que dieran cuenta de la magnitud de este flagelo. Ese mismo año nació nuestro Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", con el compromiso de visibilizar los femicidios, travesticidios y transfemicidios, denunciar la responsabilidad del Estado y exigir el cumplimiento de las leyes conquistadas.

Sin embargo, 14 años después, nos siguen matando.

Desde Ni Una Menos, en Argentina se produce un femicidio cada 30 horas. En octubre de este año registramos uno cada 19 horas. Persisten las fallas del sistema judicial: el 17% de las víctimas de femicidio en los últimos 11 años había denunciado a su agresor. A esto se suma la falta de inversión sostenida en políticas que garanticen autonomía económica, acceso al empleo, vivienda y créditos a mujeres y LGBTIQ+.

Con la llegada de Javier Milei al gobierno, las violencias de género, los femicidios y los crímenes de odio desaparecieron de la agenda del Estado Nacional. Por el contrario, se eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y se desmantelaron programas y políticas públicas fundamentales para el abordaje integral de las violencias. A esto se suman discursos misóginos y de odio que legitiman la discriminación y la violencia contra mujeres y diversidades. Incluso se intenta avanzar contra la propia figura del femicidio con el argumento de que «ninguna vida vale más que otra», desconociendo deliberadamente las desigualdades estructurales que explican por qué nos matan por razones de género.

Mientras que entre las principales causas de muerte violenta de varones se encuentran los suicidios, los accidentes viales y los homicidios dolosos, en las mujeres se encuentran los femicidios: asesinatos motivados por razones de género. Nos matan hombres que creen que son dueños de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. El 85% de los femicidios es cometido por hombres conocidos o del círculo íntimo de las víctimas. Nos matan en nuestras casas y en el espacio público. Nos someten, nos persiguen y nos castigan cuando intentamos decidir sobre nuestras vidas. Nos arrojan a pozos, nos meten en bolsas de consorcio y nos descartan como si fuéramos objetos. Nos matan porque nos creen descartables, porque nos prefieren muertas antes que libres.

Hoy, además, está en juego el alcance mismo de la figura legal del femicidio. La Corte Suprema debe resolver el planteo de la defensa de Andrés Di Césare, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016, cuando tenía 21 años y estaba embarazada. Una decisión que restrinja la aplicación de esta figura a los asesinatos cometidos por parejas o exparejas podría excluir otros crímenes atravesados por la violencia de género. No se trata solamente del caso de Julieta: está en juego cómo la Justicia reconoce, investiga y sanciona los femicidios en Argentina.

La figura del femicidio no establece privilegios ni significa que una vida valga más que otra. Es una herramienta jurídica indispensable para reconocer y sancionar una violencia específica, que tiene raíces estructurales en las relaciones desiguales de poder entre los géneros.

No nos matan locos ni enfermos. Nos matan los hijos sanos del patriarcado. Por eso necesitamos desarmar los mandatos de masculinidad que reproducen la dominación, el control y la violencia, y construir otras formas de vincularnos, basadas en la igualdad, el respeto y la libertad.

A 14 años de esta conquista, no vamos a permitir que nos arrebaten los derechos que tanto nos costó conseguir.

EL MACHISMO MATA. EL ESTADO ES RESPONSABLE

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