Este lunes hubo balas de goma, personas heridas, al menos siete detenidas y familias enteras expulsadas de sus tierras.

Eso hizo la Policía de Jujuy contra la Comunidad Indígena Santa Rosa, en Humahuaca.

No fue un conflicto más por una parcela. Fue un operativo de represión y desalojo contra una comunidad originaria que defiende su territorio ancestral.

La comunidad denuncia que el conflicto se originó en una superposición de planos producto de un error de la Dirección Provincial de Inmuebles. Un problema generado por el Estado terminó siendo utilizado para avanzar contra quienes habitan ancestralmente esas tierras.

Y mientras en Jujuy las comunidades son reprimidas, el Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso cambios sobre la propiedad, los desalojos y las tierras rurales.

No es casual que se discuta cómo se protege la propiedad mientras comunidades indígenas de distintas provincias denuncian amenazas, hostigamiento y desalojos.

Porque detrás de la disputa por la tierra también hay intereses inmobiliarios, grandes propietarios, emprendimientos productivos y negocios sobre territorios ancestrales.

Mientras las comunidades defienden sus territorios, los negocios avanzan. Y el Estado, en lugar de garantizar derechos, reprime.

Responsabilizamos al gobernador Carlos Sadir por la brutal represión en Jujuy.

Y responsabilizamos al Gobierno nacional de Javier Milei por impulsar un modelo que pone la propiedad y el negocio por encima de los derechos de los pueblos originarios y debilita sus herramientas de protección.

La tierra no es una mercancía. Los territorios ancestrales no se entregan. No al despojo. No a la represión. No a los desalojos.