
El 4 de agosto, Débora Bordón, trabajadora sexual de 31 años, fue asesinada por un cliente, Axel Mendoza, de 23 años, imputado por el femicidio.
Una semana después, Gabriela Banach, activista travesti-trans de 47 años, fue víctima de travesticidio. El único detenido es Juan Gabriel A., de 24 años.
El miércoles pasado, Carina Andrea Candelas, de 56 años, fue asesinada por su expareja, Martín Laureano Banchero, de 55 años, en la farmacia donde trabajaba. Se habían separado en diciembre, pero él continuó hostigándola y acosándola, incluso concurriendo a su trabajo para molestarla.
Con estos tres casos, ya son al menos 11 femicidios y travesticidios en Rosario y 25 en Santa Fe en lo que va del año. Carina no había realizado denuncias previas. Según nuestro Registro, apenas el 15% de las víctimas había denunciado previamente.
Como si esto fuera poco, entre el viernes y el domingo registramos seis intentos de femicidio en Allen (Río Negro), Aluminé (Neuquén), Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y Jujuy.
Mientras las mujeres y diversidades enfrentan obstáculos para acceder a la Justicia, la senadora radical Carolina Losada impulsa un proyecto sobre las llamadas “denuncias falsas”, que pone el foco sobre quienes denuncian.
No aceptamos que las víctimas sean puestas bajo sospecha. Criminalizar las denuncias profundiza el silencio y favorece la impunidad de violentos y abusadores.
En un contexto de recrudecimiento de la violencia machista, el gobierno de Javier Milei profundiza el desmantelamiento de las políticas de género, el retroceso de derechos y la legitimación de discursos misóginos y de odio.
Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad y garantice políticas para prevenir las violencias, proteger a las víctimas y asegurar el acceso a la Justicia.
No más criminalización de las víctimas. No más impunidad para los violentos.