
Aixa Dana Mili tenía 20 años. Fue asesinada en su casa de Dique Luján, Tigre.
El principal acusado es Alejandro Daniel Sofía, su expareja, quien ya había sido denunciado por violencia de género. Aixa había conseguido una medida perimetral de 300 metros y había advertido públicamente: “La denuncia ya está hecha. Tiene una perimetral de 300 metros. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. Hoy lo cuento; mañana no sé”.
Sofía había estado detenido por una causa iniciada a partir de la denuncia de Aixa por lesiones y amenazas. Recuperó la libertad el 16 de julio de este año.
Poco más de dos meses después, Aixa fue asesinada.
Después del femicidio, el acusado se dio a la fuga. Permaneció prófugo durante unas 36 horas y se ocultó en un descampado y luego en la casa de su abuela, a pocos cientos de metros del lugar del crimen. Antes de desaparecer, habría enviado un mensaje a un amigo: “Me mandé una cagada”.
Aixa denunció. Hubo antecedentes de violencia. Hubo una medida de protección. Hubo una detención. Y, sin embargo, fue asesinada.
Las alertas estaban. Frente a cada denuncia por violencia de género, el Estado debe evaluar el riesgo y garantizar medidas de protección efectivas. Una perimetral escrita en un expediente no alcanza si no existen mecanismos capaces de hacerla cumplir y prevenir nuevas agresiones. El femicidio no comienza cuando una mujer es asesinada. Es el último eslabón de una cadena de violencias que incluye amenazas, golpes, hostigamiento, control y persecución. Aixa había advertido que tenía miedo.
¿Cuántas veces más vamos a tener que preguntarnos qué hizo el Estado con esas advertencias?
JUSTICIA POR AIXA. NI UNA MENOS. VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS.