Desaparecidxs en democracia: ¿Dónde están? ¿Quién lxs está buscando?

justicia
Fecha:13/01/2025

Desaparecidxs en democracia: ¿Dónde están? ¿Quién lxs está buscando?

El 3 de abril de 2002, en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, María de los Ángeles Verón de 23 años, salió de su casa para dirigirse al hospital a una consulta médica. Vivía junto a su pareja y su hija de 2 años, estaba estudiando. Nunca llegó a destino. Desde ese día su mamá, Susana Trimarco, la busca incansablemente. El caso de Marita se convirtió en el emblema de la Trata de Personas con fines de explotación sexual en Argentina; y la lucha de Susana permitió, entre otras cosas, conquistar la primera ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (N° 26.364, mod. N° 26.842) en el año 2008.

El 28 de septiembre de 2008, en un camping a 60 km de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, desaparecía Sofía Herrera de 3 años, la niña se encontraba con su familia para pasar un día de juegos y asado. A las 12 del mediodía, el papá y la mamá de Sofía, llamaron a la policía desde la garita del cuidador del camping para alertar de la situación. La policía apareció en el lugar a las 14 horas. La mamá de Sofía pide: “Por favor, que la justicia no la olvide”.

A partir de este caso, en el año 2019 se creó el Programa Alerta Sofía que consiste en un sistema de comunicación de emergencia para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presenten un alto riesgo sobre su integridad física y/o biopsicosocial.

El 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta, fue vista por última vez María Cash, de 29 años. María viajó de mochilera al norte Argentino. Era oriunda de Buenos Aires, diseñadora de indumentaria y su idea era viajar para vender la ropa que diseñaba. En el último lugar que se la vió la habría levantado un camionero, Héctor Romero. Trece años después, éste fue detenido como sospechoso, ya que su testimonio se contradecía con los datos que fue proporcionando a lo largo de la investigación.

El 11 de marzo de 2021, Tehuel de La Torre de 22 años, un joven trans, salió de su casa en San Vicente, Gran Buenos Aires, donde vivía con su pareja. Se dirigía a Alejandro Korn a encontrarse con su ex jefe, Luis Alberto Ramos, quien le había prometido un trabajo para salir de la informalidad. Tehuel necesitaba el trabajo para poder continuar con la crianza del bebé de su pareja. Nunca más regresó ni se supo nada de él.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata sentenció a Ramos a cadena perpetua por el asesinato de Tehuel, en un fallo que considera el crimen como agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima. El tribunal también ha probado que Ramos es coautor tanto del homicidio como de la desaparición del cuerpo de Tehuel.

El 13 de julio de 2024 en la ciudad de Neuquén, Luciana Muñoz de 20 años, salió de la casa de su abuela, a quién le comentó que saldría para encontrarse con un chico, pero no volvió. La investigación gira alrededor de varias hipótesis, el único detenido con prisión preventiva es su ex pareja por falso testimonio. Se cumplen seis meses del momento en que se la vió por última vez y aún no aparece.

Un día cualquiera En cualquier momento Una mujer desaparece, sin más, de la faz de la tierra Deja de estar presente

El tiempo es un factor determinante para la búsqueda de personas desaparecidas, más aún, de personas menores de edad. Las primeras horas son claves, marcan la diferencia entre encontrarlas con vida o buscarlas durante tantos años.

Cada historia, cada relato, sostiene una vida particular, con circunstancias, recorridos, edades, sueños, familiares y amistades. Son las historias de esas mujeres y disidencias que un día no volvieron y se transformaron en un caso judicial las que debemos hacer visibles.

Los años pasan y las desapariciones continúan, se repiten como un patrón, como si el progreso para buscar o ubicar a una persona no existiera.

El Estado no busca a esas personas. Ni el Organismo especializado: el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) dependiente del Ministerio de Seguridad, creado en el año 2016 para coordinar las búsquedas y llevar un registro nacional de desapariciones y hallazgos, trabaja con precisiones. Y llegamos al peor diagnóstico: la forma de investigar, de buscar a una persona en el país es ineficiente. Pero si la persona desaparecida es una mujer o integra el colectivo LGTBIQ+ la inoperancia profundiza un problema mayor: el retardo en evaluar la posibilidad de secuestro, engaño para la explotación sexual, el femicidio o transfemicidio. Esto se debe, a la falta de perspectiva de género en las investigaciones y la preexistencia de estereotipos en quienes realizan y articulan las búsquedas.

No toda ausencia de una mujer tiene que estar relacionada con el delito de trata. Pero lo que expresan especialistas y organismos relacionados con esta temática, es que las desapariciones están relacionadas a problemas multicausales.

¿Cómo puede ser qué con tanta tecnología a favor, celulares, dispositivos de geolocalización, tarjetas SUBE, cámaras de seguridad en espacios públicos y privados, sea imposible rastrearlas?

Las organizaciones Colectivo de Intervención ante las Violencias (CIAV) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señalan que la ausencia de triangulación de información entre los organismos del Estado, sumada a la falta de especificidad en la materia, dificulta el diálogo y conduce a que las investigaciones se pierdan o se desvanezcan. Esta carencia de colaboración implica que los recursos disponibles no sean siempre los mismos. Cuando un caso adquiere visibilidad mediática, las fuerzas se articulan; pero si el caso no genera resonancia, las familias y amistades enfrentan la situación en soledad, luchando contra un sistema que no responde.

Si el resultado favorable de una búsqueda depende del tiempo y los recursos que pueda tener una familia o el acercamiento a los medios de comunicación, coloca en una situación de desigualdad a las familias que no cuentan con esas posibilidades. La investigación siempre debe evaluar la hipótesis del femicidio, justamente porque los cuerpos de las víctimas no suelen aparecer o son escondidos, quemados o enterrados por sus agresores.

El gobierno de Javier Milei tiene que tomar conciencia de la necesidad de implementar políticas públicas para las mujeres, niñas, adolescentes y el colectivo LGTBIQ+, tanto para prevenir la trata, los femicidios y crímenes de odio, como también para facilitar las actuaciones de la Justicia y el Ministerio de Seguridad en los casos de desapariciones que se encuentran en contexto de violencia y condiciones de vulnerabilidad.

En Argentina tenemos protocolos de actuación a nivel Nacional, pero debido a que nuestro país es federal, no todas las provincias/municipios actúan de igual manera. Ajustar estos puntos, mejorarían las intervenciones de búsqueda y rastreo.

Seguimos exigiendo la aplicación de perspectiva de género en las investigaciones, por eso es esencial mantener y promover políticas públicas orientadas a erradicar y eliminar las desigualdades, discriminaciones, explotación hacia mujeres, niñas, adolescentes y colectivo LGTBIQ+.

Argentina es un país que se ha adherido a compromisos a través de Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres . Su cumplimiento es esencial para garantizar una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.

Desde Ahora Que Sí Nos Ven nos seguimos preguntando qué hace el Estado para encontrarlxs.