
Marielle Franco nació un 27 de julio de 1979 en la favela de Maré, en Río de Janeiro. Socióloga, feminista, negra, lesbiana y militante de los derechos humanos, hizo de la política una herramienta para denunciar la violencia estatal, el racismo, las desigualdades y las ejecuciones policiales que golpeaban, sobre todo, a las periferias brasileñas. Su llegada al Concejo Municipal de Río fue también la llegada de esas voces históricamente excluidas a los espacios de decisión.
El 14 de marzo de 2018 fue asesinada junto a su chofer, Anderson Gomes. No fue un hecho aislado, sino un crimen político. La ejecución buscó silenciar a una dirigente que cuestionaba de manera frontal el entramado de poder entre sectores políticos, las fuerzas de seguridad y las milicias que operan en Río de Janeiro.
Durante años, la investigación avanzó con lentitud y estuvo marcada por maniobras de encubrimiento. Recién en 2024 fueron imputados el exdiputado federal Chiquinho Brazão, su hermano Domingos Brazão —entonces consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro— y el exjefe de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, acusados de haber planificado y facilitado el crimen. Los autores materiales ya habían sido identificados y condenados.
En febrero de 2026, la Justicia brasileña condenó a los hermanos Brazão a 76 años de prisión. Durante el juicio, el crimen fue reconocido como político y se destacó también su carácter racista y misógino.
Marielle entendía que disputar el poder también implicaba enfrentar intereses que se sostienen con violencia. Por eso quisieron convertir su asesinato en un mensaje para disciplinar. Si la investigación tardó tantos años en llegar a quienes planificaron el crimen, fue también porque hubo un entramado de poder dispuesto a garantizar su impunidad.
Recordar a Marielle es reafirmar que defender los derechos humanos, denunciar la violencia estatal y enfrentar las estructuras que garantizan y acentúan la desigualdad sigue siendo una tarea profundamente política.