41 años de la CEDAW: los derechos de las mujeres no se negocian
violencias
El 16 de mayo de 1985, mediante la Ley 23.179, Argentina ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos en materia de igualdad de género.
La CEDAW establece que la discriminación contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y obliga a los Estados a garantizar el ejercicio pleno de esos derechos, promoviendo políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias y desigualdades estructurales.
La Convención reconoce que la discriminación no es un hecho aislado, sino consecuencia de estructuras históricas de desigualdad que los Estados tienen la obligación de transformar.
En Argentina, la CEDAW adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994, a través del artículo 75 inciso 22, alcanzando el máximo rango jurídico dentro del ordenamiento legal.
En un contexto marcado por el desmantelamiento de políticas públicas de género y la legitimación de discursos de odio por parte de Milei y su gabinete, la CEDAW funciona también como un límite político y jurídico frente a los intentos de retroceso en materia de derechos humanos.
Distintos organismos internacionales, entre ellos el Comité CEDAW, expresaron su preocupación por el debilitamiento de las políticas de género en Argentina y el riesgo de regresividad en las obligaciones asumidas por el Estado.
Cuando el Estado se retira de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos, las desigualdades y las violencias se profundizan.
A 41 años de su ratificación, la vigencia de la CEDAW continúa siendo urgente.
Los derechos conquistados no admiten retrocesos. Ni un paso atrás.