
La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo es ley en todo el país. Fue una conquista histórica de los feminismos y de una lucha colectiva que puso en las calles el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Pero que sea ley no alcanza: hay que garantizar su implementación efectiva en cada territorio.
Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir a las provincias los medicamentos necesarios para garantizar las interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Una política que permitía reducir costos, planificar el abastecimiento y sostener un piso común de acceso en todo el país.
Hoy muchas provincias intentan sostener las prestaciones con recursos propios, pero no todas tienen las mismas capacidades económicas, administrativas y sanitarias. Cuando el Estado nacional se retira, las desigualdades territoriales se convierten en desigualdades en el acceso a derechos.
Durante 2025, Amnistía Internacional recibió más de 400 consultas y denuncias por obstáculos para acceder a un aborto: más de un 300% que el año anterior. Más del 65% de quienes consultaron no sabía cómo ni dónde acceder a una IVE/ILE.
También se registraron faltantes de medicamentos. En algunos casos, las personas fueron derivadas a comprarlos por sus propios medios, con costos que pueden alcanzar los $300.000. Un derecho garantizado por ley no puede depender de la capacidad de pago.
Las adolescentes enfrentan además barreras específicas: falta de información, ausencia de redes de acompañamiento y, en algunos casos, embarazos atravesados por situaciones de violencia y abuso. El debilitamiento de la ESI y del Plan ENIA profundiza esta situación.
Este 28S sacamos nuevamente nuestros pañuelos para defender lo conquistado y exigir información, medicamentos, equipos de salud y políticas públicas que garanticen el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.
💚 La ley fue una conquista. El acceso efectivo es un derecho. El Estado tiene la obligación de garantizarlo.
¡Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país!